En esta ocasión, no hemos sido los anticlericales ni los comecuras los que han acusado a la Iglesia Católica de terribles crímenes de pederastia y de abusos contra los niños.
Ha sido la mismísima ONU, a través de la Comisión sobre los Derechos del Niño, la que ha exhortado al Vaticano a poner todos los medios necesarios en la lucha contra esta lacra, así como a entregar a las autoridades civiles a los criminales de tan execrables crímenes.
La condena de la ONU ha sido clara; acusa a la Iglesia de no haber valorado “la magnitud de los crímenes sexuales”, de “no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores”, asegura que los abusos “se siguen cometiendo de forma sistemática mientras la inmensa mayoría de
los culpables disfruta de total impunidad”, y acusa al Vaticano de haber preferido preservar su reputación y proteger a los responsables por encima del interés supremo de los niños. Finalmente solicita al Vaticano que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos
que sean culpables de abusos sexuales a menores”.
Aplaudimos el informe de la ONU, aunque creemos que ha faltado solicitar a los estados miembros que persigan activamente a todo pederasta, sacerdote o no, y que no se deje amilanar en este tema por sotanas ni solideos. La esperanza de que sea la propia Iglesia la que entregue a los pederastas es una esperanza vana, como lo demuestra las declaraciones del arzobispo Silvano Tomasi, que asegura que la Iglesia ha respondido y reaccionado y que lo seguirá haciendo, negándose por enésima vez a reconocer el triste papel que la Iglesia está desempeñando en tan grave asunto.
Las autoridades civiles no pueden dejar el tema de la pederastia por parte de sacerdotes en manos de la Iglesia, puesto que no se trata de asuntos internos sino de delitos de extraordinaria gravedad. Y no deben actuar únicamente contra los que comenten los crímenes, sino también contra los que los encubren, sin importar cuan alto se encuentren dentro de la jerarquía católica.
